La población tendrá derecho a participar en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la actividad física y el entorno físico y psicosocial saludable
Redacción
El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada, que establecerá las bases de las políticas regionales contra la obesidad, un problema de salud pública que afecta al 16,6 por ciento de la población adulta y al 23 por ciento de la infantil. Es la primera vez que una comunidad autónoma regula con el máximo rango normativo la lucha contra la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en general, con especial atención a la infancia como colectivo prioritario, además de las mujeres embarazadas, las personas mayores y los grupos de población socialmente más desfavorecidos.
El proyecto sigue las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo administraciones públicas, sectores empresariales, medios de comunicación y empresas de publicidad. En su elaboración han participado alrededor de 250 personas de distintos colectivos, entre los que destacan asociaciones de pacientes, consumidores y padres y madres de centros educativos; miembros de sociedades científicas y colegios profesionales; medios de comunicación y empresarios de los sectores afectados.
La futura ley establecerá el derecho de la población andaluza a la información, el conocimiento, la prevención y la participación en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la actividad física y el entorno físico y psicosocial saludable. Para ello se establecerán medidas como la exigencia de disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de racionales en los establecimientos; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares y habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 empleados.
Una medida clave será la de favorecer el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, promoviendo la dotación de fuentes en estos espacios. Además, se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua gratuita en aquellos centros docentes en los que se permita su instalación y en los lugares de ocio infantil, ya sea integrada en sus propios dispositivos o a una distancia de hasta dos metros de los mismos.
Atención integral
Para las personas que padecen obesidad o trastornos de la conducta alimentaria, se reconoce el derecho a una atención sanitaria integral y continuada, así como al pleno respeto a su dignidad personal y a la no discriminación social, laboral o sanitaria por razón de su problema de salud. Entre otras medidas, se pondrán en marcha planes de formación específica de prevención y tratamiento de esta patología dirigida a los profesionales, además de incorporar la materia a los programas curriculares de Ciencias de la Salud.
El texto también prevé la elaboración del Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, con medidas de garantía de derechos que se extenderán a centros educativos, universidades, espacios de ocio infantil y juvenil, empresas, establecimientos de restauración y centros de personas mayores y con discapacidad, así como de promoción del transporte activo, de los entornos que favorecen el ejercicio y de los espacios para facilitar la lactancia materna.
En materia educativa, los centros docentes tendrán que establecer, en un plazo de dos años, un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física. Los planes de formación del profesorado incluirán materias de promoción de hábitos saludables, alimentación equilibrada y actividad física, mientras que en las universidades se facilitará la configuración de ofertas docentes que aborden los problemas de la nutrición, la dieta mediterránea y el ejercicio orientado a la prevención del sobrepeso y la obesidad.
Además, el proyecto prevé la creación del Sistema de Información de Calidad Nutricional de los Alimentos en Andalucía, un índice global que se aplicará tanto a los productos envasados como a los de venta a granel o comercializados en comercios minoristas. Con esta herramienta se podrán comparar alimentos y productos de la misma familia y entre diferentes marcas comerciales. Estará disponible en la web de la Consejería de Salud para que los ciudadanos puedan consultar las características nutricionales de los alimentos que consumen.
Por último, el proyecto incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y de bebidas no alcohólicas dirigidas a menores de 15 años. El Consejo Audiovisual de Andalucía será el responsable de velar por el cumplimiento de la normativa.
