Adherencia al tratamiento antirretroviral y derechos humanos

La opinión de Miguel Ángel Ramiro, profesor titular de Filosofía del Derecho y director de la Cátedra DECADE

La evidencia científica más reciente sobre el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) muestra que una buena adherencia al tratamiento antirretroviral funciona como herramienta de prevención de la transmisión del virus. Con los datos obtenidos en los ensayos clínicos HPTN 052, PARTNER y Opposites Attract se puede argumentar sólidamente que el tratamiento antirretroviral es un método efectivo de prevención de la transmisión pues se ha demostrado que aquellas personas con VIH que logran bajar su carga viral por debajo de 200 copias de ARN del VIH en un mililitro de sangre, o por debajo de 40-50 copias hasta hacerla indetectable, no transmiten el virus aunque realicen prácticas sexuales sin preservativo. De ahí que agentes sanitarios tan importantes como los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) apoyen la campaña U = U, esto es, indetectable (undetectable) es igual a intransmisible (untransmittable).

Esta evidencia científica tiene repercusión no solo en la esfera poblacional, sino también en la individual. En la primera permite reducir el nivel de carga viral poblacional, cumpliéndose así con uno de los objetivos del programa 90-90-90 impulsado por ONUSIDA, esto es, que el 90 por ciento de las personas que están en tratamiento antirretroviral tengan una carga viral indetectable. Si la carga viral poblacional se reduce, se podría conseguir que la transmisión del VIH fuese un hecho excepcional. Por otro lado, en la esfera individual el acceso garantizado al tratamiento antirretroviral no solo debería mejorar la calidad de vida de las personas con VIH al gozar de un mejor estado de salud, sino también al disfrutar sus derechos y libertades en igualdad de condiciones.

Desgraciadamente, en España, esto último no es así. Las personas con VIH, siempre que cumplan los requisitos administrativos para disfrutar de la asistencia sanitaria que proporciona el Sistema Nacional de Salud, tienen garantizado el acceso a la prestación farmacéutica en la que se incluyen los diferentes tratamientos antirretrovirales autorizados. Este acceso garantizado ha logrado que, según los últimos datos epidemiológicos, la transmisión vertical en España prácticamente haya desaparecido o que la curva de casos de sida sea descendente (de 1.052 casos en 2012 a 497 en 2015). La respuesta médica al VIH ha sido, pues, muy fructífera, pero es un éxito relativo si no se completa con una respuesta al VIH basada en los derechos humanos.

“La respuesta médica al VIH ha sido muy fructífera, pero es un éxito relativo si no se completa con una respuesta al VIH basada en los derechos humanos”

La nueva evidencia científica sobre el VIH determina que los poderes públicos a todos los niveles (estatal, autonómico o municipal) deban revisar sus leyes y deban elaborar políticas públicas para eliminar las barreras institucionales, legales y actitudinales que siguen impidiendo que todas las personas con VIH en España disfruten de los derechos y libertades en igualdad de condiciones que el resto de personas.

La inmensa mayoría de las limitaciones de derechos y libertades y de los tratos diferenciados que afectan a las personas con VIH en España no están justificados y son discriminatorios, pues es posible la consecución del fin (la protección de la salud pública o de terceras personas) con medidas menos restrictivas y más proporcionadas en relación al riesgo de transmisión del virus. Es posible, por lo tanto, sobre la base de la mejor adherencia al tratamiento antirretroviral, construir una sociedad más inclusiva que permita a las personas con VIH en España disfrutar plenamente de la vida política, económica, social y cultural.