La opinión del doctor Manuel Vilches, director general de la Fundación IDIS.
Todos estamos de acuerdo en que la adherencia a los tratamientos interpuestos es una necesidad imperiosa, una vez que instituciones de enorme relevancia y prestigio como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido este problema como una grave situación a la que se enfrentan los sistemas sanitarios, un problema catalogado como de salud pública.
Mucho se ha escrito acerca de su impacto económico y se ha repetido la cifra de 125.000 millones de euros en Europa, de los cuales aproximadamente 11.250 millones de euros corresponderían a nuestro país en cuanto a gastos directos provocados por el mal uso del medicamento, los malos hábitos de vida y los gastos indirectos suplementarios.
A este aspecto concreto, poco valorado habitualmente, es al que me quiero referir en esta tribuna de opinión, no solo en términos de multiplicación de consultas innecesarias, repetición de pruebas diagnósticas, ingresos evitables o utilización de los servicios de urgencia por causas relacionadas con el abandono de la medicación por cualquiera de sus causas, sino al impacto laboral que todo esto supone.
Muchas veces no tenemos en cuenta un capítulo social de enorme relevancia que genera un gasto que es a todas luces ineficiente, me estoy refiriendo a las incapacidades transitorias motivadas por el mal uso del medicamento -y una reducida eficacia del tratamiento, consecuentemente-, por no hacer caso a las recomendaciones de hábitos saludables interpuestas por los facultativos o por las consecuencias de la propia automedicación, una práctica muy extendida en nuestro país y que tan malas consecuencias nos puede acarrear.
“Muchas veces no tenemos en cuenta un capítulo social de enorme relevancia que genera un gasto que es a todas luces ineficiente”
La incapacidad transitoria supone una prestación que trata de paliar los efectos de la imposibilidad de desarrollar la tarea profesional que cada cual tiene encomendada durante un tiempo limitado, el menor posible, una vez que el principio de eficiencia ha de estar muy presente en todo el proceso y en toda la cadena de valor relacionada con este aspecto.
Una incapacidad temporal prolongada motivada por un mal cumplimiento terapéutico y/o por un mal seguimiento de las recomendaciones interpuestas no tiene justificación, una vez que además de las consecuencias en términos de resultados de salud y de incremento de la morbi-mortalidad, se produce un efecto multiplicador en la sobrecarga de un sistema sanitario público que adolece de suficiencia financiera, por no hablar de la creciente presión asistencial que le está llevando a la generación de lista de espera y a una saturación de las consultas de atención primaria y especializada. Por otro lado, la sanidad de titularidad privada también sufre los embates de una falta de adherencia por el incremental que suponen todos estos aspectos asistenciales sobreañadidos y evitables.
La corresponsabilidad de todos los ciudadanos en la gestión de su propia salud es clave, una vez que si no se es proactivo en esta materia difícilmente se puede dotar de continuidad a nuestro sistema sanitario, tal y como lo conocemos hoy en día. Los excesos y la falta de responsabilidad de unos y otros nos pueden conducir a la generación de problemas que, en un momento dado, sean irresolubles.
Solo una utilización responsable de todos los recursos asignados a nuestro sistema por parte de todos los ciudadanos y los profesionales nos puede hacer resolver la ecuación de la sostenibilidad, y una de las muchas palancas a articular es la de la cumplimentación adecuada y el seguimiento puntual de los tratamientos y las recomendaciones interpuestas, una tarea que nos incumbe a todos una vez que todos somos o seremos en algún momento pacientes.
“Solo una utilización responsable de todos los recursos asignados a nuestro sistema por parte de todos los ciudadanos y los profesionales nos puede hacer resolver la ecuación de la sostenibilidad”