La Clínica Legal de la UAH, un espacio para conocer tus derechos como paciente crónico

Se trata de un servicio totalmente gratuito

Laura Chivato Isabel

Para que la atención sanitaria sea lo más optima y eficiente posible se tiene que velar por ciertos derechos que tienen los pacientes como, por ejemplo, el acceso a la atención sanitaria de una forma equitativa para todos o a la información sobre el propio estado de salud, tal y como se recoge en la Carta Europea de Derechos de los Pacientes. El problema surge cuando estos no son conocedores de sus derechos y no saben cómo pueden ejercerlos y aquí es donde entra la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), un espacio en el que los estudiantes de Derecho, junto con un grupo de profesores, resuelven dudas a pacientes crónicos o con discapacidad, a sus familiares o a las asociaciones que representen sus intereses, tal y como explica Miguel Ángel Ramiro, director de la Cátedra DECADE-UAH.

Se trata de un servicio totalmente gratuito, ya que forma parte de la función social de la UAH, en el que los estudiantes asesoran sobre asuntos legales o dudas relacionadas con el ejercicio de derechos o de alguna situación discriminatoria vinculada a la enfermedad. “Lo que pretendemos es hacer comprensibles los derechos de estos pacientes. Nosotros lo entendemos como un proceso de alfabetización legal, les empoderamos, porque de nada sirve la titularidad de esos derechos si no saben cómo ejecutarlos”, señala Ramiro.

«Nosotros lo entendemos como un proceso de alfabetización legal, les empoderamos»

Únicamente es necesario enviar un email (clinicalegal@uah.es) con la consulta para que los alumnos puedan analizarla con los profesores y mandar una respuesta. Ya posteriormente el paciente decidirá si emprende las acciones legales pertinentes, pues por ley desde la Clínica Legal no pueden representar a nadie, aunque en algunos casos pueden intentar obtener un abogado probono, es decir, gratis.

Estas consultas no tienen porqué ser exclusivamente de derecho sanitario, sino que pueden estar relacionadas con todas aquellas cuestiones legales que tengan que ver con el acceso a los derechos por parte de pacientes crónicos. Por ejemplo, uno de los casos que asesoró la Clínica fue el de una persona con discapacidad que multaron en Burgos tras haber aparcado con su coche en una zona de carga y descarga. Sin embargo, esta persona alegó que la multa no estaba correctamente puesta ya que existe una ordenanza municipal en dicha ciudad que establece que, cuando no hay una plaza de discapacitado cerca de donde se va, está permitido aparcar en carga y descarga. “Ahí sí que le ayudamos a recurrir la multa, porque es una barrera de acceso a un derecho vinculado a su discapacidad”, apunta el director de la Cátedra.

Barreras en los derechos

A través de las consultas que ha recibido este servicio, se ha podido detectar que en España todavía perduran barreras de diverso tipo que dificultan que las personas con una enfermedad crónica o una discapacidad puedan disfrutar sus derechos en igualdad de condiciones.

“El Real Decreto-Ley 7/2018, de Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud, supuso un gran paso adelante al eliminar una de las barreras que había en nuestro sistema público de salud al acabar con las categorías de asegurado y beneficiario y reconocer el acceso de todas las personas al ejercicio del derecho a la protección de la salud -subraya Ramiro-. Pero en nuestro sistema se siguen manteniendo otras barreras que siguen dificultando el acceso al ejercicio de este derecho”.

«En nuestro sistema se siguen manteniendo otras barreras que siguen dificultando el acceso al ejercicio de este derecho»

Concretamente, este experto establece tres tipos de barreras: normativas, pues hay leyes que de alguna manera excluyen a determinados colectivos; institucionales, porque la propia Administración como organismo establece barreras (un ejemplo es el acceso a los medicamentos más caros, que a la vez son muy costosos); y actitudinales, ya que existe estigma social con algunas enfermedades, como puede ser el VIH, “cuando hoy las personas afectadas tienen una esperanza de vida de 60 años desde el diagnóstico”.

“Un caso que nos acaba de llegar -comenta Ramiro– es el de una persona que tiene miedo a que se sepa en su trabajo que tiene VIH por las reacciones que pueda encontrar, y ahí el derecho a veces no reacciona bien, no hay suficientes mecanismos de protección de los derechos”.

Consultas de los pacientes

Durante el ejercicio de 2018, la Clínica Legal ha atendido más de 200 consultas: 159 relacionadas con los derechos de las personas con VIH, 7 sobre la enfermedad de Parkinson y 2 en torno al Virus Respiratorio Sincitial. En concreto, ALCER, la Federación Española de Parkinson y CESIDA son tres de las organizaciones de pacientes que trabajan en colaboración con este servicio.

En concreto, ALCER, la Federación Española de Parkinson y CESIDA son tres de las organizaciones de pacientes que trabajan en colaboración con este servicio

Y aunque puedan parecer dispares, el director la Cátedra no duda en calificar una serie de demandas como comunes a todas las consultas, entre las que menciona el grado de discapacidad y el acceso a los seguros.

“Por ejemplo, el grado de discapacidad y el hecho de que no se tengan en cuenta los factores sociales, ya que este no se obtiene con el diagnóstico, sino con un examen médico en el Equipo de Valoración y Orientación. ¿Qué ocurre? que por ejemplo una persona con una enfermedad renal que está en diálisis -y que obtiene un porcentaje muy elevado de discapacidad-, cuando obtiene un trasplante, le sitúan este grado por debajo del 33 por ciento, que es el mínimo. Desde el punto de vista sanitario esto es un éxito, pero el problema es que cuando va a buscar trabajo no le contratan porque piensan en que un trasplantado se va a poner malo, no puede coger peso… y que al final estos necesitan una medicación de por vida”, resalta.

“Hay una serie de temas que sí les afectan a todos -añade-, y aquí hay un asunto y es que existe una legislación para personas con discapacidad, y la cuestión es si necesitamos una legislación específica para las personas con enfermedad crónica como un grupo diferenciado”.

Próximos retos

Durante el año 2019, la Clínica Legal espera seguir consolidándose como un espacio en el que las personas con una enfermedad crónica o una discapacidad, sus familiares y las asociaciones que representan sus intereses puedan acudir para resolver dudas. De momento los datos demuestran que van por buen camino ya que el 80 por ciento de las personas lo considera muy útil, en el sentido de que les ha servido para saber cuáles son sus derechos y en algunos casos emprender acciones legales; y también el 80 por ciento considera que las respuestas son claras, según un cuestionario que facilitan a los pacientes.

El 80 por ciento de las personas lo considera muy útil, en el sentido de que les ha servido para saber cuáles son sus derechos y en algunos casos emprender acciones legales

Además, pretenden redactar una versión más reducida del Informe sobre barreras a tratamientos profilácticos que publicó el pasado año 2018.