A partir de julio, tres asociaciones de pacientes tendrán representación en el Comité de Medicamentos Huérfanos de la EMA
Redacción
La participación ciudadana en las decisiones sanitarias no sólo se mide a nivel individual u organizacional. A nivel social, esta participación debe articularse en el desarrollo de políticas de salud a través de encuestas, consultas públicas, consejos asesores y otros comités estratégicos o institucionales, así como en el desarrollo de estrategias y planes de salud y en la identificación de prioridades e iniciativas reglamentarias. Las agencias reguladoras llevan años apostando por incluir a los pacientes en sus procesos, liderando una tendencia aglutinadora que ahora debe exportarse a todos los niveles.
A nivel internacional, muchas de ellas están realizando un esfuerzo para integrar la perspectiva del paciente en sus mecanismos de autorización, incorporando pacientes en todos sus comités. En el caso de Europa, el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia del Medicamento (EMA) cuenta con un grupo de trabajo consultivo y completamente operativo desde 2006, que proporciona opinión al resto de comités y grupos de trabajo de la agencia y vela por una adecuada representación de los pacientes en todos los niveles de la organización.
A fecha de hoy, tres de los sietes comités de la EMA cuentan ya con representantes de asociaciones de pacientes: el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia; el Comité Pediátrico y el Comité de Terapias Avanzadas. Uno más se sumará en 2018. El pasado 20 de diciembre finalizó el plazo de presentación de solicitudes a una convocatoria lanzada por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea para conseguir que tres asociaciones de pacientes tengan representación, durante tres años contando desde el 1 de julio de 2018, en el Comité de Medicamentos Huérfanos.
En organismos de otros países, como Reino Unido, Alemania, Bélgica, Francia, Estados Unidos o Canadá, el término Patient and Public Involvement (PPI) es bien conocido como contenedor de una amplia gama de esfuerzos para involucrara los procesos que guían la toma de decisiones del sistema de salud. Según el informe ‘Participación de los ciudadanos en la toma de decisiones’ elaborado por la Fundación Humans, entre las AETS que utilizan estrategias PPI, el 54 por ciento lo hace a lo largo de todo el proceso de evaluación. Algunas incluso invitan al público general a enviar solicitudes de evaluación. En general, las revisiones públicas de los borradores, encuestas, o discusiones se dan normalmente en la fase de evaluación.
A nivel nacional
En España, el canal de Participación Pública en Proyectos Normativos del Ministerio de Sanidad tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones en dos momentos del proceso de elaboración de un anteproyecto de ley: antes (consultas públicas previas) y después (audiencia e información púbica) de la redacción del mismo. Asimismo, la ciudadanía suele participar en el diseño de Estrategias de Salud a nivel estatal. Hasta la fecha, 14 de estas estrategias, según el informe de la Fundación Humans, han contado con asociaciones de pacientes en sus comités técnicos.
En el caso de la Agencia Española de Medicamentos, uno de sus objetivos para 2017 era elaborar e implementar un plan para la incorporación de pacientes en todos los ámbitos de decisión y participación. Hasta ahora, el Consejo Rector y los órganos de participación de la Aemps han contado desde su creación con la representación de consumidores y usuarios. La Agencia consulta a las asociaciones en los pasos iniciales de la elaboración de guías de práctica clínica y en los Informes de Posicionamiento Terapéutico. Además, desde 2015, los Comités de Medicamentos de Uso Humano y de Seguridad de los Medicamentos de Uso Humano cuentan, además de con representantes de consumidores y usuarios, con la participación de pacientes en calidad de observadores.
A nivel autonómico, los ciudadanos cuentan con espacios públicos de participación sobre proyectos normativos y de ordenación, y muchas comunidades autónomas han dado a luz varias propuestas para la participación ciudadana.
